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30 enero, 2019

¿Tienen derecho las familias a revisar los exámenes corregidos de sus hijos?

Varias autonomías emiten órdenes para evitar que los docentes se nieguen a entregar copias de las pruebas a las madres y padres que lo soliciten

La Consejería de Educación de la Generalitat valenciana ha recordado a los centros educativos de primaria y secundaria que están obligados a entregar copia de los exámenes corregidos de los alumnos a las familias que lo soliciten. El departamento, gestionado por Compromís, ha aceptado la petición del defensor del pueblo valenciano (Síndic de Greuges), José Cholbi.

La entrega de copias de las pruebas de los estudiantes a las familias es una disputa que se juega en varias autonomías. Desde 2015, el Defensor del Pueblo ha realizado peticiones similares a los gobiernos regionales de Extremadura, Navarra o Madrid. Entre sus argumentos, el Defensor expone que la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -de 2015- prevé que "los interesados en un procedimiento administrativo" podrán conocer, "en cualquier momento", el estado de la tramitación de los procedimientos que les afecten y obtener copia de los documentos. El Defensor considera que esa interpretación es extensible al ámbito educativo.

"El problema es la desinformación; las familias no saben que tienen ese derecho y los profesores desconocen que tienen esa obligación", explica Camilo Jené, presidente de la FAPA Giner de los Ríos, que aglutina a las asociaciones de madres y padres de alumnos de Madrid. Muchas familias, explica, no denuncian para evitar un enfrentamiento con los docentes y no perjudicar a sus hijos. Algunas comunidades han aprobado órdenes específicas para regular ese derecho, como es el caso de Madrid, que lo hizo en 2014 para primaria y en 2016 para secundaria.

En el caso de Valencia, una portavoz de Educación, ha explicado que enviarán una circular a los centros de primaria y secundaria para recordar a los docentes que deben aceptar las peticiones. La normativa vigente no contempla "expresamente" el derecho del alumnado o de sus representantes legales -en caso de ser menores de edad-, de obtener una copia de los exámenes realizados si no es en el "ámbito de un procedimiento de reclamación", expone el Síndic en su petición, en la que remarca que las familias deben tener la opción de revisar las pruebas de evaluación en casa para ayudar a sus hijos a repasar errores o, "sencillamente", ejercer su derecho de acceso a esos documentos.

Además, el Síndic destaca en su escrito el posicionamiento de diferentes sentencias judiciales que dan la razón a las familias en casos similares. "El derecho de cualquier ciudadano a acceder a documentación administrativa no encuentra otro límite más que el interés legítimos del solicitante" y ese criterio, según los tribunales, "resulta de plena aplicación en el ámbito académico", indica.

Por su parte, la consejería comparte el planteamiento del Síndic y considera "de plena aplicación en el ámbito académico" la Ley reguladora de procedimiento administrativo, que en su artículo 53.1 recoge el derecho de las personas que tienen la condición de "interesado" a acceder y tener copia de los documentos que formen parte de un expediente administrativo.

El caso de Madrid

En diciembre de 2014, la Comunidad de Madrid emitió una orden para regular la información y participación de las familias de los estudiantes en la que se especificó que podrían solicitar copia de los exámenes a través de un registro con una petición individual y concreta. En esa misma normativa se explicaba que, en ningún caso, se podrían pedir todos los exámenes en una sola petición. En julio de 2016, se hizo lo mismo con secundaria. 

Pese a la regulación, algunas familias continuaron teniendo problemas y tuvieron que interponer un recurso ante la Administración. Fabio Dieguez, padre de tres alumnos del colegio Nuestra Señora del Castillo, en el pueblo madrileño de Perales de Dajuña, y presidente del AMPA de ese centro, lideró la protesta y tramitó la reclamación. "Para nosotros es esencial poder ver en qué están fallando nuestros hijos para poder darles apoyo en casa o contarlo a las academias; si tienen un problema de comprensión lectora, de cálculo o de ortografía", explica Dieguez. A través de la federación de asociaciones de familiares de alumnos de Madrid -FAPA Giner de los Ríos- presentaron un recurso en la Administración y, después de dos años, les dieron la razón. 

El nuevo protocolo del centro, que acordaron en una reunión con el director del colegio y un representante de la Inspección Educativa, establece que las familias deben explicar en el escrito de solicitud el motivo por el que quieren la copia del examen. En ningún caso podrá ser una modificación de la nota o puntuación obtenida.

Fuente: EL PAÍS - EDUCACIÓN