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07 febrero, 2019

Condenan a un colegio con 4.000 euros por no controlar la asistencia al comedor de una alumna que sufrió anorexia

El tribunal rechazó, sin embargo, la responsabilidad del centro por el trastorno alimentario de la niña que estuvo un año sin bajar a comer y que, según sus padres, padeció acoso escolar

Los colegios y centros escolares tienen la obligación de vigilar a los alumnos así como posibles conductas de acoso escolar que se desarrollen durante el horario lectivo. En este sentido, los padres pueden exigir daños y perjuicios si demuestran la dejadez de profesores y responsables del centro educativo. Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (cuyo texto íntegro puede consultar aquí), condena a un colegio a pagar cuatro mil euros a los padres de una chica por no haber controlado su asistencia al comedor durante un año. En cambio, los magistrados rechazan cualquiera responsabilidad del centro en su trastorno alimentario que padeció.

Los padres de la niña demandaron al centro educativo por su pasividad ante el supuesto acoso sufrido por la menor y por no haber vigilado su asistencia al comedor, lo que, según ellos, propició su anorexia. En la demanda reclamaron la cantidad de 21.786,39 euros por los daños causados (18.666 euros por perjuicios patrimoniales y 3.120 euros por daños morales). El desglose de los perjuicios patrimoniales incluía 6.190 euros por el servicio de comedor de tres años y 12.476 euros por las facturas de psicólogo.

La demandante afirmó que su hija sufrió bullying durante la mayor parte de los años de escolaridad, que fue aislada y desplazada por sus compañeras, y que los profesores no se percataron del problema. Según afirmó, la niña se pasaba las horas de patio sentada sola en un banco. La madre dijo que fue conocedora del acoso cuando la niña ganó peso entre los 9 y 10 años y se incrementó el hostigamiento, lo que motivó que solicitara un cambio de clase.

Por lo que respecta al control de la asistencia de los alumnos al comedor del centro y de la ingesta de alimentos, la sentencia considera suficientemente acreditada la falta de asistencia de la menor durante alrededor de un año. Sin embargo, no se probó que el colegio se hubiera demorado en comunicar el problema a la familia una vez tuvo conocimiento del mismo. La familia pidió más de seis mil euros por los tres años de servicio de comedor que consideraban la niña dejó de asistir al comedor.

En efecto, varias alumnas manifestaron que el sistema para controlar la asistencia no era efectivo, y que la alerta la tuvo que dar una de ellas.

Sin embargo, la sentencia excluyó de responsabilidad al centro del trastorno alimentario que sufrió la niña. Los magistrados argumentaron que la menor no estaba interna y que si sus compañeras se habían alarmado por la excesiva delgadez de la menor, con mayor motivo debió de darse cuenta la familia, máxime con sus antecedentes.

En consecuencia, el tribunal condenó al centro a indemnizar con 4.000 euros a los padres por los daños patrimoniales y morales causados al quedar demostrado que el control de asistencia al comedor fue ineficaz y que la menor estuvo un año sin ir al comedor.

En cuanto al supuesto acoso escolar, la sentencia del juzgado consideró que no se habían acreditado los hechos que fundamentaban la demanda y absolvió al centro escolar. Los padres apelaron y pidieron la nulidad del juicio porque no se admitieron determinadas pruebas, como la declaración de cuatro compañeras de su hija, y porque, en su opinión, no se valoraron correctamente las que se llevaron a cabo.

El tribunal rechazó anular el primer juicio, pero permitió que las compañeras de colegio de la menor testificaran en segunda instancia. Las niñas relataron un ambiente hostil y coincidieron en señalar que las relaciones entre los alumnos, en general, "no eran respetuosas y abundaban los insultos". Sin embargo, a juicio del tribunal, esta situación no demostraba a ciencia cierta la existencia de acoso o bullying contra la menor. En este sentido, de las tres niñas, dos negaron haber presenciado actos de hostigamiento y solo una de ellas dijo que la alumna lo paso mal con la actitud de una compañera. Según relató, no pudo comprender la trascendencia de esta situación hasta años después debido a la corta edad que tenían entonces (unos diez años).

Los magistrados tuvieron en cuenta el tiempo transcurrido (nueve años) para valorar esta declaración y concluyeron que no podía establecerse, "más allá de un clima general de mala convivencia", que hubiera " una actuación de hostigamiento o de exclusión dirigida particularmente contra la escolar". Tampoco había, añade la sentencia, prueba documental alguna de la prolongada situación de acoso denunciada por la madre de la menor.

Durante el juicio, hasta seis profesores negaron haber tenido conocimiento de conductas de acoso contra la menor dentro del colegio y declararon que los padres nunca les comunicaron esta situación. Si bien era una niña tímida e introvertida para alguno de los docentes, otros manifestaron que no les constaba que tuviera problemas de relación con sus compañeros. Los magistrados avalaron estas declaraciones al afirmar "no tener motivos" para dudar de la veracidad de las mismas. El tribunal considera que son profesionales con amplia experiencia y destaca que este tipo de acoso, emocional o psicológico, "es el menos visible para los profesores".

No obstante, en el relato de los hechos, si constaban algunas quejas de la madre en las reuniones de tutoría. De hecho, en primaria una de las tutoras le comentó que la niña tenía "algunos problemas de relación", pero que se fueron solucionando. Aunque la madre alegó que en una entrevista comunicó a la tutora que la menor padecía un grave trastorno alimentario y que se cambiaba de colegio, según constaba en el email aportado por el centro, los motivos de la baja de la niña fueron económicos.

Fuente: EL PAÍS - EDUCACIÓN