Noticia
12 noviembre, 2018

Octava reforma educativa

Rechazar el contenido antes de sentarse a debatirlo es irresponsable

La reforma educativa que proyecta el Gobierno de Pedro Sánchez viene a enmendar de manera rotunda algunos de los aspectos más conflictivos y polémicos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida como ley Wert por el ministro que la impulsó y defendió ardientemente, José Ignacio Wert. Aquella norma, alumbrada solo con los votos del PP, puso de manifiesto una vez más la incapacidad de los grupos parlamentarios para alcanzar un pacto sólido y perdurable sobre la enseñanza. Si sale adelante, esta será la octava norma educativa de la democracia. Pero lo preocupante es que el principal partido de la oposición ya ha rechazado de plano el contenido, antes incluso de conocer el texto definitivo y de sentarse a debatirlo.

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El proyecto avanzado por el departamento que dirige Isabel Celaá desmantela una a una las medidas que considera más ideológicas en la LOMCE. Así, Religión dejará de ser computable para el acceso a la Universidad y paralelamente se impartirá una asignatura sobre valores cívicos y éticos. Además, se suspenden los sistemas de reválida —un modelo de evaluación rectificado en la práctica por el propio PP— y se eliminan los controvertidos itinerarios. Otros aspectos de la reforma van encaminados a evitar la segregación por sexo, regular la inscripción en la escuela concertada y redefinir las competencias de las comunidades autónomas. En la ley Wert el Estado fijaba las asignaturas troncales y dejaba en manos de los Ejecutivos regionales las materias opcionales y de libre configuración. El nuevo plan tiende a recuperar la letra y el espíritu de anteriores leyes socialistas y establece que el ministerio determinará el 55% de los contenidos de todas las asignaturas que se cursan en las comunidades con lengua cooficial y el 65% en el resto, lo que obligará a incrementar la colaboración entre las distintas Administraciones. También queda fulminada la subvención de hasta 6.000 euros a los alumnos que reclaman escolarización en castellano, dejando en suspenso una regulación lingüística convertida en permanente foco de tensión entre la Administración central y Cataluña.

Una de las principales novedades es la creación de planes individualizados para los repetidores, una medida con la que se quiere abordar dos grandes desafíos: los altos índices de repetición y de abandono escolar. Ambos indicativos están en España muy por encima de los países de nuestro entorno y representan una verdadera lacra para todo el sistema educativo.

En buena parte, la propuesta socialista recupera la esencia de la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada en 2006 bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero,que a su vez fue derogada por el PP en 2013. Esta especie de bucle perverso en el que se encuentra inmersa la enseñanza, al albur de los Gobiernos de turno, crea inseguridad en las Administraciones e inestabilidad en la comunidad educativa. Y es una irresponsabilidad de los partidos, que tienen la obligación de alcanzar un consenso para lograr una ley al margen de intereses dogmáticos y miradas cortoplacistas.

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Fuente: EL PAÍS - EDUCACIÓN