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12 diciembre, 2018

Bargalló retrasa el nuevo decreto para gestionar los comedores escolares por falta de apoyo

El borrador, que preveía sacar a concurso público la gestión de este servicio, se ha topado con el rechazo de las familias y algunos sindicatos

El nuevo y controvertido decreto de comedores escolares, que preveía sacar a concurso público la gestión del servicio, no verá la luz el próximo curso. El consejero de Educación, Josep Bargalló, ha retrasado la puesta en marcha de la normativa después de toparse con el rechazo de sindicatos y familias que criticaban la presunta externalización del servicio. La nueva normativa se adapta a una directriz europea que obliga a que sean los centros, los ayuntamientos o los consejos comarcales los que saquen a concurso público la gestión de los comedores. En algunos colegios, este servicio está autogestionado o subcontratado por las asociaciones de madres y padres (ampas). Las familias se  han soliviantado porque, con esta norma en vigor, las ampas dejarían de controlarlos.

Bargalló anunció esta paralización de la tramitación del decreto durante una reunión el martes con el Marco Unitario de la Comunidad Educativa (MUCE), que aglutina sindicatos y actores sociales del sector. Educación ha rechazado, no obstante, que este retraso en el proceso —ya tendría que haber empezado a tramitarse para estar listo para el próximo curso— signifique, de facto, una retirada del controvertido decreto. "El consejero no ha retirado el decreto porque nunca ha presentado nada. Estamos en medio de un proceso participativo en la web para recibir propuestas", ha apuntado un portavoz. Sin embargo, el responsable del sindicato USTEC, Ramon  Font, presente en la reunión del MUCE, aseguró que se trata de una retirada. "Bargalló llegó a decir que a lo mejor, lo que hay que hacer es hacer modificaciones legales. Y no descartó que, a largo plazo, se pudiese plantear que la Generalitat asumiese la gestión y que fuese gratuito. Ahora eso no se puede hacer porque no hay disponibilidad presupuestaria. Con los usuarios que hay ahora, costaría unos 300 millones de euros", ha explicado.

Si bien el Govern explicaba hace un par de meses que la ley de contratos públicos impide que las ampas, como entes privados que son, asuman el proceso de contratación de servicios públicos, un portavoz de Educación ha matizado este miércoles que "jurídicamente la puerta no está cerrada del todo" a que las ampas puedan autogestionar o licitar este servicio.

La Federación de asociaciones de padres y madres (Fapac) teme que se hagan licitaciones en bloque que beneficien a los gigantes empresariales del sector, con capacidad para asumir grandes contratos, y esto perjudique el servicio. "La intención de someter el tiempo educativo a la ley de la oferta y la demanda mediante la contratación pública con la intención de que todo este tiempo quede en manos de empresas privadas, está latente", ha advertido la entidad en un comunicado

Fuente: EL PAÍS - EDUCACIÓN