Noticia
18 diciembre, 2018

La ley de protección de la infancia instaurará en los colegios protocolos frente a la violencia

El Gobierno prevé aprobar la norma el 28 de diciembre en Consejo de Ministros

El anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia establece el deber de comunicar cualquier indicio de delito contra los menores, según ha anunciado este martes la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo.
Se garantizará también la confidencialidad y el anonimato de quien denuncie. Está previsto que el anteproyecto sea aprobado el próximo 28 de diciembre en Consejo de Ministros. La norma implicará el diseño de protocolos frente a la violencia que serán de obligado cumplimiento en los centros educativos, así como el nombramiento de un responsable de bienestar y protección, cuya actividad será supervisada por las comunidades.

Este coordinador será el responsable de velar por el cumplimiento de los protocolos, que servirán tanto para prevenir estas situaciones como la forma de reaccionar ante estos casos, no solo limitados al acoso escolar, sino a todas las formas de violencia contra los niños. La normativa también contempla el desarrollo de “protocolos y otras medidas en el ámbito de los servicios sociales o en el deportivo”, según la nota difundida por el ministerio. Sobre esto se ha pronunciado esta mañana la ministra Carcedo en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid. 

La titular de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha destacado además que la ley considerará a los funcionarios de los servicios sociales como autoridad pública en situaciones de emergencia. "[La violencia contra la infancia] es una cuestión que tenemos que aflorar de una vez" y esperamos poder aprobar [la normativa] con la máxima urgencia posible", ha señalado Carcedo. El anteproyecto se ha elaborado conjuntamente con el Ministerio de Justicia. La norma “establece medidas de sensibilización, pero también medidas preventivas, de detección y, por supuesto, de intervención”, según la nota difundida.

La aprobación de la ley ha sido uno de los grandes compromisos asumidos por Pedro Sánchez desde que llegó al poder. El pasado octubre, durante la visita de la vicepresidenta Carmen Calvo al Vaticano, y con el telón de fondo de los abusos a menores en la Iglesia, el Gobierno anunció que presentaría un cambio en el Código Penal para que los delitos estos sexuales sean imprescriptibles, una de las grandes reivindicaciones de las víctimas. De esta forma, se equipararía la pederastia a los asesinatos terroristas, el genocidio y delitos de lesa humanidad, los únicos que no prescriben.

Actualmente, el tiempo de prescripción de los delitos sexuales comienza a contar en el momento en que la víctima cumple 18 años. Según la gravedad del caso, la caducidad alcanza entre los cinco y los 15 años, es decir, que como máximo el delito queda cancelado cuando el abusado cumple los 33 años. Pero la mayoría de las víctimas tardan más en procesar las agresiones que han sufrido y en contarlas, de tal manera que en muchas ocasiones los culpables se libran de una condena.

Este verano, el pianista James Rhodes se convirtió en la cara visible de una campaña liderada por Save The Children y otras organizaciones de infancia para reclamar al Gobierno avances en la aprobación de esta ley.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció a mediados de octubre que la normativa sería aprobada en Consejo de Ministros antes de que acabara el año. Si finalmente se cumplen los plazos previstos, el texto llegará al Congreso de los Diputados en los primeros meses de 2019 para comenzar su trámite parlamentario.

Fuente: EL PAÍS - EDUCACIÓN