Noticia
24 diciembre, 2018

Terrassa expulsó por error 158 niños de los comedores escolares

La concesionaria Serhs retiró el servicio en tres semanas desde el envío del recibo y sin el aval del Ayuntamiento, práctica que ahora se ha prohibido

La hija de Lorena Esteban, de nueve años, llegó a casa el pasado 26 de octubre, viernes, con un aviso en la mochila por impago del comedor escolar. “Devolví el recibo porque no tenía dinero. Escribí a la empresa, diciéndoles que estaba tramitando la beca y les pedí más tiempo, hasta que cobrara y poder pagar”, explica. El lunes siguiente, a la una del mediodía, le llamaba la escuela. “Me pedían que recogiera a la niña, no se podía quedar en el comedor; como mucho le daban un bocadillo”.

Lorena no se quedó de brazos cruzados y al día siguiente se plantó en las oficinas de Serhs [la empresa que gestiona desde 2016 los comedores escolares en Terrassa] y presentó una reclamación. También fue a los servicios sociales. “Me explicaron que mi caso no era único y que intentaban solucionarlo”. Efectivamente, no era la única. Ese día 158 alumnos fueron expulsados de los comedores escolares de diferentes escuelas de Terrassa. La mayoría de casos, explica el Ayuntamiento, por errores administrativos porque habían cambiado datos de contacto de las familias o estas no habían recibido las notificaciones. Gran parte de los afectados no habían recibido la resolución de la beca.

En Terrassa, la empresa emite los recibos del comedor entre el día 6 y 9 del mes en curso, y no a mes vencido como sucede en muchos otros casos. Isabel Darder, asesora de Educación del Ayuntamiento, explica que hasta ahora el protocolo fijaba que si no se paga la factura, la empresa debía enviar un aviso y llamar a la familia al cabo de 10 días. También emite un segundo recibo. Si tras estos avisos el impago permanece, en “pocos días” y antes de finalizar el mes, se saca al alumno del comedor. El pasado octubre, el Ayuntamiento registró 1.200 casos de impago (de un total de 5.800 alumnos del comedor), que se redujeron hasta los 158 expulsados. Tras revisar los casos, 51 de ellos quedaron en manos de los servicios sociales, seis renunciaron y el resto pagaron.

El Ayuntamiento argumenta que lo sucedido se debe, en parte, a la “dificultad de gestionar” el servicio, con unos 4.000 becados. Darder asegura que no es el primer año que pasa, “pero este año ha salido a la luz por la forma en que se ha hecho, con la empresa llamando diciendo que los niños no se podían quedar en el comedor”. Lorena añade que la concesionaria anterior daba más tiempo con los impagos. Serhs ha declinado responder a este diario.

El revuelo generado llevó al Ayuntamiento a modificar a mediados de noviembre el protocolo para impagos, ampliando los plazos para los alumnos con beca y dando más tiempo a los servicios sociales para estudiar los expedientes. Los partidos de izquierda en la oposición —ERC, Terrassa en Comú y la CUP— lo consideraron insuficiente y en el pleno de noviembre impulsaron una moción, aprobada por unanimidad, para forzar una nueva normativa. El pasado lunes, ayuntamiento, empresa y escuelas acordaron que ningún alumno pueda ser expulsado sin una revisión previa de los servicios sociales.

“El protocolo actual no ha funcionado y el control del Ayuntamiento tampoco”, se queja Isaac Albert (ERC). La CUP considera que el problema de lo sucedido radica en el hecho de que el servicio esté en manos “de una empresa que solo busca un beneficio económico”, critica el concejal Marc Medina. Y más allá, piden que se piense en el alumno. “Por encima de todo está el derecho del niño a no ser señalado y a no ser apartado”, añade Xavi Matilla, de Terrassa en Comú. “Deberían dar más tiempo a las familias para evitar hacer pasar a los niños por esto”, reclama una de las escuelas afectadas, que tuvo 30 niños expulsados. La hija de Lorena pasó por ello. “Cuando la recogí me preguntaba ‘¿Mamá, por qué no me han dejado comer en el comedor?’ Estaba impactada”, lamenta la madre.

Otro punto de la moción aprobada por mayoría en el pleno es iniciar un estudio de viabilidad para internalizar el servicio una vez finalice el contrato, en marzo de 2020. Los partidos de izquierda consideran que la raíz del problema es la forma en que se resolvió el concurso. La adjudicación a Serhs levantó mucha polémica en 2015, ya que ganó por su oferta económica —que incluía 500 becas— pero quedó penúltima, entre nueve aspirantes, en la valoración alimenticia y educativa. Ya entonces empresas del sector impugnaron la adjudicación porque creían que los números de Serhs no eran reales.

Fuente: EL PAÍS - EDUCACIÓN